Alberto Perioncely, director de Asuntos Regulatorios, y Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS, reflexionan sobre la actividad reguladora en las tres principales administraciones del Estado. Ofrecemos a continuación un resumen del artículo publicado en Demócrata, que se puede leer AQUÍ.

El año 2025 ha marcado un récord histórico de presión legislativa para el sector del comercio alimentario, registrando un total de 1.411 nuevos textos normativos. Esta cifra implica que cada comercio ha tenido que conocer y aplicar, en promedio, 3,8 nuevas normas o modificaciones diarias, consolidando una tendencia de crecimiento ininterrumpido durante los últimos seis años. A pesar de las recurrentes promesas institucionales de simplificación normativa, la carga burocrática continúa en aumento, lo que impacta directamente en la competitividad y eleva los costes operativos del sector.

Entre las normativas nacionales con mayor impacto en 2025 se encuentran las leyes de prevención del desperdicio alimentario, de movilidad sostenible y de servicios a la clientela. Aunque estas leyes responden a objetivos compartidos por el sector, incorporan trámites administrativos que dificultan la gestión empresarial. En el plano europeo, reglamentos como los de deforestación y diligencia debida han generado controversia por su complejidad administrativa. Asimismo, la publicación de hasta diez ediciones de «Reglamentos Ómnibus» para corregir normas previas pone en entredicho la calidad legislativa actual.

El análisis por administraciones revela que las Comunidades Autónomas lideraron la actividad con 547 normas, seguidas por la Unión Europea (453) y el Estado Central (326). Por materias, el medio ambiente concentra un tercio de la producción normativa, mientras que la seguridad alimentaria sigue siendo el ámbito más regulado en la UE. A nivel regional, destacan iniciativas contrastadas: desde las restricciones a bebidas energéticas en Galicia hasta el decreto contra la hiperregulación en la Comunidad Valenciana, considerado un posible «brote verde» hacia la desregulación.

Para 2026, la incertidumbre persiste ante posibles reformas laborales, como el control de fichaje sincronizado o nuevas subidas del salario mínimo. En definitiva, el sector demanda una reflexión profunda sobre la estabilidad y coherencia del marco legal para garantizar la viabilidad de una actividad estratégica para la sociedad.