El Economista publica en revista especializada Alimentación y Gran Consumo el artículo de Alberto Peironcely, director de Asuntos Regulatorios de ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, en el que analiza las cifras, los motivos y las soluciones a la inflación legislativa que sufre el sector de la distribución de alimentación. VER AQUÍ LA VERSIÓN ORIGINAL

 

La inflación legislativa que sufre Europa, y también España, es un hecho objetivo si atendemos a las cifras. En 2024 se aprobaron o modificaron -en las cuatro administraciones- 1.253 textos legislativos que afectan al comercio de alimentación. Esto significa que cualquier tienda tuvo que conocer y ejecutar 3,4 nuevas normas cada día en lo que supone un nuevo repunte sobre el año 2023, que registró 1.140 nuevas normas (3,1 al día) y queda muy lejos de las cifras pre-pandemia, cuando la actividad legislativa sumaba solo 476 textos nuevos.

Más allá de estos datos cabe preguntarse qué supone esta intensa actividad legislativa para las empresas. El primer gran problema que se genera es de previsión. El incesante incremento de normas, ya sean nuevas o modificaciones sobre anteriores, supone que las empresas se ven obligadas a dedicar muchísimos recursos económicos y de personal a su seguimiento y análisis, ya que no todas les afectan en igual medida. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas de distribución de alimentación operan en varias comunidades autónomas -y, por supuesto, en muchos municipios diferentes- por lo que el despliegue de recursos para invigilar la avalancha normativa es inmenso.

El segundo es de aplicación de una normativa que, en ocasiones, está muy alejada de la realidad que viven las empresas y que puede afectar a su crecimiento. Esto es especialmente relevante en las 470 normas nuevas o modificadas que en 2024 han afectado a cuestiones relacionadas con el medioambiente, y que incluyen áreas muy diferentes que van desde la eficiencia energética al diseño ecológico pasando por la gestión de residuos. Las diferentes modificaciones que en los últimos años ha sufrido el Reglamento (Europeo) sobre Gases Fluorados es un buen ejemplo de una legislación que ha cerrado los ojos a la realidad porque ha ido por delante del estado de la tecnología disponible -haciendo complicado el cumplimiento- y, además, no ha tenido en cuenta las circunstancias distintas de cada región europea -restando eficacia a los objetivos-.

Esta forma de legislar deja en un segundo plano las cuestiones técnicas y las circunstancias empresariales y sociales frente a la aspiración de cumplimiento de unos objetivos en los que el legislador y las empresas pueden estar de acuerdo -y, de hecho, lo están en la mayoría de las ocasiones- en cuanto al fondo, si bien no en la forma. La brecha que se abre entre el deseo y la realidad es honda y puede tener consecuencias sobre la competitividad y productividad empresarial o, lo que es lo mismo, sobre el empleo, el crecimiento y el servicio al consumidor.

Ante esta situación, desde muchos ámbitos europeos y nacionales se está pidiendo avanzar hacia un modelo más centrado en la realidad de la empresa y de la sociedad europeas. Una medida que sería muy útil es que las normas sobre las que se trabaja incluyeran una clarificación y simplificación de su contenido para facilitar su gestión.  Pero lo realmente importante sería tener muy cuenta y respetar los principios básicos de la legislación, como son el principio de necesidad y eficacia -valorar si realmente el contenido de una ley es el mejor instrumento para alcanzar ciertos objetivos-; de seguridad jurídica -en un marco predecible y claro que aporte certidumbre- y de sostenibilidad financiera -para que su cumplimiento sea compatible con las cargas económicas que acarrea-.

Las empresas de distribución de alimentación necesitan, así pues, certezas, diálogo y consenso para poder avanzar en cuestiones que preocupan a todos, como son el medio ambiente, la digitalización, el empleo, la accesibilidad o la salud. Como resumen, pondría el acento en la necesidad de una mayor simplificación normativa y más informes de impacto sobre los objetivos que se pretenden conseguir con cada una de las normas. En definitiva, menos, pero mejores, leyes. El panorama que se presenta en este año 2025, sin embargo, no parece especialmente halagüeño. Desde las instituciones europeas se está trabajando en la redacción de normas muy complejas técnicamente y costosas desde el punto de vista económico, que afectarán al conjunto de la cadena alimentaria, como puede ser del Reglamento de Deforestación y la Directiva de Diligencia Debida. Desde España, contabilizamos una decena de leyes o anteproyectos de leyes de amplio calado que anuncian también mucha actividad. Entre ellas, la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela, la de Movilidad Sostenible, la reducción de la jornada laboral o la modificación de la Ley de la Cadena.

Tras los informes Draghi y Letta, la Comisión Europea ha manifestado su intención de simplificar burocracia. Cabe preguntarse si esto significa también simplificar legislación y si este análisis de apoyo a la innovación y a la competitividad empresarial va a ser permeable al resto de las administraciones en España. El comercio de alimentación necesita de este paso adelante para que las empresas puedan afianzarse como el sector estratégico que han demostrado ser en tiempos recientes.

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