ABC Natural publicó en su número de mayo una amplia entrevista con Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, en la que éste analiza las implicaciones de la normativa nacional y europea sobre envases, destacando la necesidad de abrir la puerta al diálogo con la totalidad de la cadena de valor y establecer las bases de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos.

Recogemos aquí la entrevista completa:

  • ¿Qué lugar ocupa la sostenibilidad medioambiental en las empresas a las que representa ASEDAS?

El formato del supermercado de proximidad que representan nuestras empresas aporta un enorme valor a la sociedad por las emisiones que permiten ahorrar en los desplazamientos de los consumidores, por su bajo impacto en nuevos desarrollos urbanísticos y por su logística eficiente. Pero hoy eso no es suficiente, desde hace mucho tiempo las empresas a las que representa ASEDAS lideran cambios hacia la “triple sostenibilidad”. Es decir, la relación equilibrada entre medioambiente, economía y sociedad es imprescindible para que las compañías se mantengan en el mercado y puedan cumplir sus objetivos. En el caso de la distribución alimentaria, para conservar un modelo que permita seguir llevando muy cerca de las casas de los consumidores una alimentación completa, variada, segura y a precios competitivos es imprescindible tener en cuenta los condicionantes de la economía circular. La reciente crisis, que disparó a partir del verano de 2021 los precios de la energía, es un buen ejemplo para comprender la necesidad de avanzar en términos de eficiencia energética, que es solo una parte del cambio de debemos acometer.

Además de esto, casi la mitad de todas las normas legales aprobadas o modificadas en 2023 -un total de 486- que afectan al comercio tienen carácter medioambiental. Este hecho añade una gran presión adicional a las empresas tanto en términos legales como -a menudo- fiscales. Estamos viendo que algunas de estas normativas pueden afectar negativamente a los modelos de negocio cuando sus efectos -tanto medioambientales como económicos- no están lo suficientemente analizados y medidos.

  • ¿Qué necesita el sector de la distribución alimentaria para cumplir con los objetivos de la agenda 2030?

Necesitamos mucho más diálogo para que podamos alcanzar los objetivos medioambientales sin dañar la eficiencia de la cadena alimentaria y los precios que pagan todos los consumidores, vivan donde vivan. Lo que estamos pidiendo -con las próximas elecciones europeas como un buen foro de debate- es que cada ley medioambiental que se apruebe venga acompañada por un estudio de competitividad. Esto es muy necesario para alcanzar los objetivos medioambientales de manera realista y sin perjuicio para el modelo empresarial, la creación de empleo, etc. En el marco de las instituciones europeas hay un debate abierto sobre una posible pérdida de competitividad de las empresas derivada del paquete legislativo del Green Deal. El objetivo deber ser alcanzar la economía circular y la descarbonización, pero manteniendo el crecimiento económico y el servicio al consumidor. Pensamos que esto es posible, pero, para eso, necesitamos que se nos escuche.

  • Entre los asuntos medioambientales que más impacto tienen en relación con el consumo de alimentación y bebidas destacan los envases. Se enfrentan a la obligación de cumplir con el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases y, al mismo tiempo, con el Real Derecho de Envases y Suelos Contaminados, ¿van a alcanzar los objetivos de recuperación y reducción recogidos en los mismos?

Estas normas son un buen ejemplo de la necesidad de acompasar la legislación europea y la nacional desde la coherencia y bajo el prisma de la competitividad. La situación en España es especialmente compleja por la aplicación en paralelo del Reglamento y del Real Decreto de Envases y Suelos Contaminantes que, entre otras cosas, exige que los distribuidores cuenten con, al menos, cinco referencias de envases reutilizables y su correspondiente sistema de recogida en tienda en 2025. Echamos en falta en ambas leyes un análisis de impacto que valore si, realmente, este sistema es necesario y eficiente desde un punto de vista puramente medioambiental. Cabe recordar que nuestro modelo de distribución de proximidad significa que tenemos muchas tiendas de pequeño y mediano tamaño en los centros urbanos de nuestros pueblos y ciudades. Éstas permiten al consumidor encontrar una oferta de alimentación completa tan cerca de sus casas que un 90 por ciento hace su compra a pie, pero también significa que tienen muy poco espacio para instalar sistemas de recogida y una logística que debe tener en cuenta la movilidad limpia en las ciudades a la que se añadiría mucha presión.

Por lo tanto, pensamos que este sistema no es necesario para cumplir con los objetivos medioambientales, ni es eficaz, ni es eficiente. Independientemente de las características propias de la distribución de proximidad en España, que son importantes, otra razón es que el retorno de envases depende principalmente de la creación previa de un sistema operativo con la participación inexcusable de fabricantes, plantas de clasificación, limpieza y rellenado y de operadores logísticos, que no existe en España, y cuyo desarrollo futuro debe encajar en las orientaciones -mucho más complejas- del futuro Reglamento.

Lo coherente sería que las empresas -envasadores, comercio y operadores logísticos- trabajen para adaptarse al nuevo Reglamento porque la coexistencia de sistemas de envases reutilizables y retornables de un solo uso exigen de un plan de adaptación industrial y de inversiones muy potente y desconocido en España. Estamos convencidos de que España logrará los objetivos, pero para ello no necesitamos imposiciones, sino diálogo y análisis de impacto que nos ayuden a ser más eficientes y a reducir los costes.

 

  • ¿Están las empresas preparadas para cumplir con otras normativas, como las relativas a la reducción de gases fluorados en los sistemas de refrigeración, la instalación de puntos de recarga de vehículos en los aparcamientos o la movilidad sostenible de los trabajadores?

La complejidad y variedad de la normativa medioambiental que nos afecta hace que debamos analizar cada una de las obligaciones en función de nuestro modelo de negocio, del servicio al consumidor, de la necesidad de contar con otros operadores y de la tecnología disponible, siempre desde el convencimiento de la necesidad de asumir la economía circular y la descarbonización como objetivos prioritarios.

Respecto al Reglamento de Gases Fluorados, ésta es otra de las normas que presenta serios retos para la distribución española. Las empresas han hecho grandes inversiones en sistemas de refrigeración más eficientes en función de los plazos de reducción de emisiones que se marcaron antes de la reciente aprobación del Reglamento. Ahora se nos pide un nuevo esfuerzo cuando dichos equipos están aún sin amortizar y, sobre todo, con unos plazos que no son realistas en relación con la disponibilidad de tecnologías aplicables a los equipos que se utilizan en los supermercados teniendo en cuenta la variabilidad de tipología comercial y la climatología de España para salas de venta de más de 500 m2. Dicho de otro modo, las alternativas existentes están, todavía, poco maduras y son muy costosas, por lo que es muy arriesgado cumplir con el calendario que figura en el reglamento. Es necesario, por lo tanto, más flexibilidad.

Sobre la movilidad sostenible, cabe recordar que las propias características del modelo de distribución en España fomentan la movilidad sostenible. Según el informe “Supermercados y distribución comercial en la movilidad sostenible” del Institut Cerdà, el 43,32 por ciento de los trabajadores de los supermercados acuden en trasporte público a su centro de trabajo, mientras que el 29,83 por ciento usan medios no motorizados. Es decir, el 73 por ciento de los empleados usan medios de transporte sostenibles, fomentando la movilidad limpia. Por otra parte, la instalación de sistemas de recarga en los aparcamientos debería también acompasarse a la demanda del consumidor, ya que corremos el riesgo de realizar grandes inversiones en instalaciones que no se utilicen y tampoco está claro, en muchos casos, que la capacidad de la red pueda dar el servicio adecuado en este sentido.

 

  • Ustedes defienden que el formato de supermercado es sostenible en sí mismo, pero parece que tanto la legislación como la sociedad piden algo más: esfuerzos que se reflejen claramente en los lineales. ¿Uno de ellos podría ser introducir criterios medioambientales en el etiquetado de los alimentos podría ser una solución para el consumidor?

El debate sobre el etiquetado medioambiental está abierto y es muy interesante. Es cierto que el consumidor está cada vez más concienciado medioambientalmente y pide información, entre otras, sobre cuestiones relacionadas con la producción de los alimentos o con las características del envase. Productores, industria alimentaria, distribución y consumidores debemos reflexionar sobre cuál es la mejor manera de proporcionar esa información, si a través del etiquetado -que tiene sus lógicas limitaciones físicas y en el que hay que dar prioridad a las cuestiones nutricionales, como los alérgenos- o de otros soportes físicos o digitales. También está muy vivo el debate sobre el “greenwashing”, cuestión sobre la que ya se están editando guías y decálogos con recomendaciones interesantes y útiles para informar mejor al consumidor siempre desde la libertad y la creatividad que deben tener las empresas en su comunicación al cliente.

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