La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el sector agroalimentario para garantizar el abastecimiento de alimentos. Se trata de un sector estratégico en la economía valenciana, con una contribución al PIB de 4.700 millones de euros y más de 90.000 empleos. Además, en tiempos de confinamiento se ha convertido en el verdadero motor de la economía como hemos podido comprobar.
Asimismo, esta crisis ha dejado patente la importancia social del sector del comercio minorista, como sector esencial y estratégico, especialmente el de la alimentación y el propio comercio de proximidad como elemento vertebrador y cohesionador social. Los establecimientos de proximidad no solo han permanecido abiertos y garantizado el abastecimiento, sino que han realizado desde el comienzo de la crisis sanitaria una función informativa, fiable y verídica (campañas institucionales sobre sanidad y violencia de género, por ejemplo) fundamental tanto desde las redes sociales como desde las propias tiendas para ayudar a la población a realizar con seguridad sus compras de alimentación. Hemos implantado medidas para proteger la seguridad de trabajadores y clientes a costa de los márgenes, que son de por sí muy bajos y además hemos seguido colaborando con comedores sociales y bancos de alimentos. En este sentido, hay que destacar que se ha demostrado que el sector de la distribución de alimentación en España en general y en la Comunidad Valenciana en particular tiene un altísimo nivel de gestión operativa y capacidad de gestión logística y una capacidad de adaptación constante.
Lecciones aprendidas: capacidad de adaptación, flexibilidad y servicio a la sociedad.
Los supermercados valencianos y el comercio de productos esenciales que ha permanecido abierto han demostrado una gran capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, implantando medidas de seguridad en tiempo récord y modificando las planificaciones y previsiones a muchos niveles, tanto de compras como de plantilla. Esto ha sido posible porque ha habido un marco más o menos flexible, y si hubiera habido más claridad, flexibilidad y menos duplicidades entre administraciones habría sido más fácil. Las necesidades de los clientes llegan antes que las órdenes y en este contexto han sido necesarias medidas que se implantan rápido, que son útiles y que se comunican con claridad.
Por otro lado, hemos puesto que manifiesto que somos un sector con gran impacto social y somos un servicio esencial. El comercio es vertebrador y elemento de cohesión social y por ello, hay que ponerlo en valor y asumir como sector una responsabilidad con la sociedad. A pesar de las circunstancias y el momento, los supermercados han ofrecido atención preferente personas mayores, con problemas de movilidad, discapacitados, embarazadas a través de prioridad en acceso o con servicios a domicilio específicos para ellos. Los establecimientos de proximidad han realizado desde el comienzo de la crisis sanitaria una función informativa, fiable y verídica (campañas institucionales sobre sanidad y violencia de género, por ejemplo). Además hemos seguido colaborando con comedores sociales y bancos de alimentos.
Como consecuencia de la crisis del COVID-19 el comercio va a sufrir una aceleración de cambios sin precedentes, poniendo a prueba a toda la estructura empresarial, en todos los sectores y formatos, pero a pesar del reajuste de la oferta que se prevé, el comercio minorista tiene una capacidad de resiliencia innata para salir fortalecido y reconocido públicamente como un sector vertebrador y cohesionador de la sociedad.
¿Que necesitamos a partir de ahora?
Desde el punto de vista de un sector que ha permanecido abierto, doblando sus esfuerzos, tomando decisiones diariamente e implantar cambios sin parar tratando de no afectar la normalidad del cliente en su compra diaria, consideramos en primer lugar que es necesaria la máxima claridad en lo que se transmite y publica por parte de las diferentes administraciones, evitando redundancias innecesarias, garantizando la seguridad jurídica que reclama el sector. No hacer nada que vaya a añadir complejidad, subjetividad o dificultad de comprensión a las empresas, añadiendo cargas innecesarias de trabajo. Para ello es necesaria una coordinación óptima entre administraciones y con el sector y un buen margen de flexibilidad a las empresas para adaptar las medidas. Estas son cuestiones que a corto plazo, y mientras vivamos afectados por la amenaza del virus, deberemos tener bien resueltas.
En cuanto al fomento de la actividad económica y recuperación, hay que redefinir muchas reglas para facilitar que la actividad económica no se detenga ante este tipo de crisis. No hablamos de desregulación sino de flexibilidad y creer en la iniciativa privada. En este sentido ha habido una gran iniciativa al respecto, #estonotienequeparar, con más de 3.000 empresas adheridas que han demostrado que la actividad económica no puede detenerse si se quiere garantizar el bienestar social. Para ello es necesario flexibilidad y capacidad de autorregulación a las empresas, dentro de un marco en el que se garantice la seguridad de trabajadores y empleados y se proteja el modelo económico que se pretende desarrollar. Centrar los esfuerzos y recursos en la recuperación del tejido comercial, no continuando ni acometiendo iniciativas o proyectos que generen nuevas cargas impositivas o que supongan cuellos de botella para el crecimiento y desarrollo del sector.
Asimismo, creemos imprescindible a medio plazo mejorar la eficiencia de la administración y disminuir el coste regulatorio, sobre todo a nivel municipal, fomentando declaraciones responsables, silencio administrativo positivo como principio general, potenciando la digitalización administrativa. Todo ello para flexibilizar y facilitar la implantación de comercios, sobre todo de alimentación como sector estratégico y esencial.
Fuente: https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/19/covid-19-acelera-cambios-comercio/2012514.html
